Hay que decir las cosas por su nombre: lo que está ocurriendo en Torreón no es una política de seguridad, es un desplante de populismo punitivo que ignora la técnica jurídica más básica.

La decisión de colgarle un arma de fuego a un agente de vialidad —cuya función constitucional es gestionar el flujo vehicular y no combatir al crimen organizado— representa una claudicación del Estado de Derecho frente a la ocurrencia administrativa.

No se necesita un doctorado para entender que mezclar una boleta de infracción de 300 pesos con la capacidad de fuego letal es una receta para el desastre, pero sí se requiere rigor intelectual para exponer por qué esta abyecta decisión institucional violenta todo tratado internacional y lógica de gobernanza civil.

Desde la trinchera del derecho administrativo, estamos ante una Desviación de Poder de manual.

El municipio, bajo el mando de Román Alberto Cepeda, está utilizando la facultad de tránsito como una fachada para engrosar un «estado de fuerza» que no supo construir con inteligencia y prevención.

Como señala Luigi Ferrajoli en su tesis sobre el garantismo, el uso de la fuerza estatal debe ser estrictamente proporcional al fin que se persigue.

¿Es proporcional que un agente que te detiene por no traer el cinturón o por una luz fundida tenga la potestad de decidir sobre tu vida con un arma corta en la cintura?

La respuesta es un rotundo no.

Al romper el Principio de Especialidad Funcional, el Ayuntamiento está creando un híbrido jurídico que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresamente condena, los cuerpos que no están entrenados para la seguridad interna no deben participar en tareas que exijan el uso de la fuerza letal.

La experiencia internacional no miente y los muertos tampoco. Ahí tenemos el espejo de lo que no debe hacerse.

El caso de Alexander Martínez en Oaxaca es el recordatorio más doloroso de cómo la «confusión» de un policía municipal —que jugaba a ser agente de seguridad en un retén— terminó con la vida de un adolescente.

O lo ocurrido con Philando Castile en Estados Unidos, donde una simple luz trasera rota se convirtió en una ejecución sumaria porque el agente, dominado por el sesgo y la presión de portar un arma, escaló un incidente administrativo a uno letal en segundos.

En Torreón, estamos pavimentando el camino para que esto ocurra en cualquier esquina de la Morelos o el Periférico. Las «mejores prácticas» de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) sugieren todo lo contrario: desmilitarizar la gestión de la ciudad y apostar por la desescalada.

Pero aquí, parece que la apuesta es convertir el crucero en una zona de guerra.

Imaginemos un escenario que, conociendo el calor de la Laguna y la prepotencia institucional que a veces asoma, no es nada descabellado: un operativo de alcoholímetro un sábado por la noche en el Nudo Mixteco.

Un conductor, quizá asustado o simplemente harto del acoso recaudatorio, intenta evadir el filtro.

En un esquema de movilidad civil, esto termina en una persecución o una multa rastreada por placas.

En el Torreón de 2026, con agentes armados, el riesgo es que un tránsito —sin la doctrina de «Uso Gradual de la Fuerza» que toma años de academia policial consolidar— decida que el escape es una amenaza a su integridad y accione su arma.

Una bala perdida en una zona de flujo constante o un impacto directo por una falta administrativa. Jurídicamente, el municipio no tendría defensa; la Responsabilidad Patrimonial del Estado sería total, pero el daño social, la ruptura definitiva de la confianza con el ciudadano, sería irreparable.

En términos de alta academia jurídica, armar a los tránsitos es un fraude a la Constitución, específicamente a los Artículos 21 y 115.

Se está disfrazando de «seguridad pública» lo que es una incapacidad de gestión administrativa.

Como sostiene el jurista Alberto Binder, la eficiencia de una fuerza no se mide por sus balas, sino por su capacidad de resolver conflictos sin ellas.

Al final del día, llenar las calles de agentes de vialidad con armas no hace a Torreón más seguro, lo hace más peligroso para el ciudadano común.

Es una renuncia a la inteligencia criminal y una apuesta por la intimidación que, tarde o temprano, terminará en una tragedia que ningún comunicado oficial podrá ocultar.

Un gobierno que necesita que sus reguladores de tráfico porten fusiles es un gobierno que ya perdió la brújula del orden civil.